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PRENSA IBERO
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• El suelo de conservación de la capital enfrenta presiones por la expansión de la mancha urbana, los asentamientos humanos irregulares y la tala ilegal, advierte Nahum Elías Orocio Alcántara, profesor investigador del Centrus IBERO • Refiere que los bosques de Tlalpan y Milpa Alta son fundamentales para la captación e infiltración de agua; protegerlos requiere coordinación entre autoridades, vigilancia comunitaria y participación ciudadana • La denuncia ambiental no basta; las instituciones deben responder oportunamente y trabajar con las comunidades que conocen y resguardan el territorio, afirma
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Reportero de la IBERO

El agua que llega a las casas de millones de habitantes de la Ciudad de México depende de lo que pasa en sus bosques. Sin embargo, esos territorios enfrentan una presión constante por el crecimiento de la ciudad, los asentamientos humanos irregulares y la tala ilegal. Protegerlos no es solamente una tarea ambiental: significa defender uno de los recursos indispensables para la supervivencia de la capital.
El suelo de conservación de la Ciudad de México constituye un territorio estratégico por los servicios ecosistémicos que proporciona, particularmente la captación e infiltración de agua. En las zonas forestales de alcaldías como Tlalpan y Milpa Alta se encuentra parte del macizo forestal que contribuye al abastecimiento hídrico de la metrópoli.
Para el Mtro. Nahum Elías Orocio Alcántara, profesor investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el deterioro de estos ecosistemas no responde a una sola causa, sino a una combinación de problemáticas sociales, territoriales e institucionales.
Uno de los principales desafíos es la expansión urbana. Aunque existe una delimitación normativa entre el suelo urbano y el de conservación, los procesos históricos de ocupación territorial han propiciado asentamientos humanos irregulares que ejercen presión sobre estas áreas.
El académico señaló en entrevista con Prensa IBERO que detrás de esta problemática también existen necesidades sociales legítimas, como el acceso a una vivienda digna y los servicios de infraestructura para las nuevas generaciones. El reto consiste en atender estos derechos sin comprometer los ecosistemas de los que depende la ciudad.
"Es el espacio que nos da servicios ecosistémicos a la ciudad y de los que dependemos", explicó.
A esta presión se suma la tala ilegal, una actividad que pone en riesgo la salud de los bosques y cuya atención requiere la intervención de distintas autoridades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene atribuciones de inspección ambiental, mientras que las corporaciones de seguridad y las fiscalías deben intervenir en las labores de vigilancia y persecución de los delitos.
La complejidad aumenta porque en estos territorios coinciden distintas figuras de protección: parques nacionales bajo competencia federal, áreas naturales protegidas de carácter local y espacios de conservación voluntaria que pertenecen a comunidades y ejidos.
Para el Mtro. Orocio Alcántara, uno de los problemas principales es la falta de articulación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y las personas que habitan estos territorios.
Aunque existen instituciones responsables de hacer cumplir la legislación ambiental, la coordinación entre autoridades locales, estatales y federales representa un desafío para responder oportunamente ante los delitos forestales.
El investigador advirtió que una denuncia puede perder efectividad cuando la respuesta institucional tarda demasiado. Si una persona detecta tala ilegal y reporta los hechos, pero la patrulla o los responsables de atender la emergencia llegan horas después, existe el riesgo de que quienes cometieron el delito hayan abandonado el lugar.
Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de comunicación y establecer espacios de diálogo y mesas de trabajo que permitan mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.
También destacó la importancia de las rondas comunitarias, integradas por comuneras, comuneros y ejidatarios que conocen el territorio y participan directamente en su protección.
La participación de quienes habitan el suelo de conservación es indispensable para diseñar políticas de vigilancia forestal que respondan a las necesidades reales de cada territorio.
El académico explicó que existe una diversidad de formas de organización y niveles de involucramiento entre las comunidades y los ejidos. Algunas personas realizan labores de protección por iniciativa propia, mientras que otras participan mediante programas gubernamentales de conservación.
Sin embargo, consideró que la participación no debe limitarse a recibir apoyos o ejecutar actividades. Es necesario que las comunidades tengan voz en las decisiones y en la construcción de los mecanismos de vigilancia.
“Habría que preguntarle a ellos cómo y de qué manera quieren articularse”, planteó.
Desde esta perspectiva, las políticas públicas deben incorporar el conocimiento territorial de quienes viven en estas zonas y reconocerlos como actores fundamentales para la conservación, no solamente como beneficiarios de los programas institucionales.
El cuidado del suelo de conservación tampoco es responsabilidad exclusiva de las autoridades o de las comunidades que lo habitan. Las personas que viven en las zonas urbanas también pueden contribuir a proteger estos ecosistemas.
Orocio Alcántara consideró que el primer paso es informarse y consultar fuentes verificables. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dispone de información pública sobre la delimitación del suelo de conservación, los pueblos originarios, la cobertura forestal y la propiedad de los terrenos.
También invitó a cambiar la manera en que la ciudadanía se relaciona con estos espacios naturales. Por ejemplo, visitar bosques y áreas de conservación implica respetar sus reglas y evitar acciones que puedan alterar la biodiversidad.
Una práctica aparentemente inofensiva, como llevar animales de compañía a determinados espacios naturales, puede afectar a la fauna silvestre. La presencia de perros y sus marcas territoriales pueden alterar el comportamiento de las especies nativas y modificar sus dinámicas de ocupación.
El investigador subrayó que la educación ambiental debe partir del conocimiento del territorio y de la comprensión de los servicios que proporciona. El agua que llega a los hogares no aparece de manera espontánea: detrás de ella existen ecosistemas y comunidades que contribuyen a conservarlos.
"Si no conozco algo, no lo puedo cuidar", concluyó.
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