PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- La Dra. Marisol Silva Laya advierte que las becas deben complementarse con inversión en escuelas, infraestructura y calidad educativa para impactar en el aprendizaje
- El uso de los apoyos como ingreso familiar no es incorrecto, pero el verdadero indicador debe ser su efecto en la permanencia y logros educativos, enfatiza
En medio del debate sobre el destino de los recursos de las Becas del Bienestar, la Dra. Marisol Silva Laya, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), afirmó que el uso de estos apoyos como ingreso familiar no solo es común, sino necesario en contextos de precariedad.
De acuerdo con un estudio para medir en qué gastan con las becas del gobierno las y los estudiantes el 35.3% de los recursos se destina en educación 15.8% a alimentos y bebidas, 10.5% a vestido y calzado, 10.3% a ahorro, 7.8% a comunicaciones y 0.3% a alcohol y tabaco.
Sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas ha reconocido que no cuenta con mecanismos para rastrear, registrar o verificar el destino final de estos apoyos, lo que dificulta evaluar su impacto real en las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes becarios.
La especialista de nuestra casa de estudios, subrayó que esta lectura del gasto es limitada, ya que ignora los costos reales que enfrentan las familias para sostener la trayectoria escolar de las niñas, niños y jóvenes.
“Las becas no son solo para comprar libros o pagar cuotas escolares. También están diseñadas para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte o vestimenta, indispensables para que las y los alumnos puedan asistir y permanecer en la escuela”, explicó.
La Dra. Silva Laya recordó que programas anteriores como Oportunidades y Prospera ya contemplaban transferencias económicas para compensar las condiciones de pobreza que dificultan el acceso y la permanencia escolar. En ese sentido, consideró que no es incorrecto que las familias destinen parte de los recursos a su manutención.
No obstante, enfatizó que, aunque estas transferencias son fundamentales, no son suficientes.
“El apoyo económico es imprescindible para reducir barreras de acceso, pero por sí solo no garantiza el aprendizaje”, advirtió.
La investigadora destacó que múltiples estudios han documentado que las becas contribuyen a disminuir el abandono escolar, especialmente en contextos donde el trabajo infantil representa una alternativa para la subsistencia familiar. No obstante, insistió en que el verdadero reto está en asegurar que esa permanencia se traduzca en aprendizajes significativos.
Para ello, subrayó la necesidad de implementar políticas integrales que incluyan mejoras en la calidad educativa, formación docente, infraestructura escolar y acceso a recursos tecnológicos.
“No se puede apostar únicamente por las transferencias monetarias directas y descuidar las condiciones en las que operan las escuelas”, sostuvo.
En este contexto, alertó que el aumento del presupuesto destinado a becas podría estar ocurriendo en detrimento de la infraestructura y los recursos humanos necesarios para impulsar la calidad educativa.
Para financiar la masividad del apoyo, el programa de desarrollo profesional docente sufrió un recorte real del 88%, y se redujeron recursos a instituciones que atienden a los sectores más pobres, como el CONAFE (-12.7%).
Esta situación, dijo, puede generar una “disonancia” que limite el impacto de las políticas públicas en los resultados educativos.
Recalcó que otro punto crítico es el modelo de distribución de las becas. En México, explicó, se ha optado por esquemas universales —apoyos iguales para toda la población— en lugar de modelos focalizados que prioricen a quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad. Según la evidencia, esta estrategia no necesariamente reduce las desigualdades ni mejora los logros educativos.
“Dar lo mismo a todos no siempre es justo. La equidad implica atender de manera diferenciada las necesidades de cada grupo”, señaló.“Dar lo mismo a todos no siempre es justo. La equidad implica atender de manera diferenciada las necesidades de cada grupo”, señaló.
Asimismo, advirtió sobre dos riesgos asociados a este modelo: su posible uso político-electoral y su sostenibilidad financiera en el largo plazo, especialmente en un contexto económico limitado.
Finalmente, Silva Laya enfatizó la importancia de recuperar y fortalecer los sistemas de evaluación educativa. Consideró que evaluar los aprendizajes será clave para conocer el impacto real de las políticas sociales y educativas y tomar decisiones informadas.
“Evaluar no es solo medir por medir; es una herramienta para mejorar. Sin información sobre los aprendizajes, es imposible saber si estamos avanzando en la dirección correcta”, concluyó.