PRENSA IBERO
• El estudio internacional, donde participó la Dra. Adriana Flores Díaz, Académica del Centrus IBERO, documenta 401 conflictos socioambientales en territorios costeros indígenas de 72 países • Señala que, en la producción de energía, minería y proyectos sobre tierras se concentran conflictos ambientales internacionales • La indagación identifica 869 corporaciones de 81 países y 149 instituciones financieras vinculadas con proyectos asociados a estos conflictos • América Latina y el Caribe figuran entre las regiones con mayor presencia de disputas • El estudio plantea revisar quién financia los grandes proyectos de desarrollo y si las salvaguardas ambientales y sociales realmente se cumplen
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx
La expansión de proyectos energéticos, mineros y de infraestructura en zonas costeras deja una pregunta sobre la mesa: ¿quién obtiene los beneficios económicos y quién asume los costos ambientales y sociales? Una investigación internacional, donde participó la Dra. Adriana Flores Díaz, Académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus)
El artículo, titulado Corporations and financial institutions driving coastal conflicts involving Indigenous Peoples, fue publicado en la revista científica Ambio. A partir del análisis de 401 casos registrados en 72 países, autoras y autores identificaron la participación de empresas y organismos financieros en proyectos que han generado disputas por el territorio, los recursos naturales y los derechos de comunidades indígenas.
El trabajo ofrece una perspectiva global sobre un aspecto que, de acuerdo con sus autores, había recibido menor atención: el papel que desempeñan los bancos, los fondos de inversión y las corporaciones en el origen y desarrollo de los conflictos socioambientales en territorios costeros.
Los resultados muestran que la producción de energía concentra el mayor número de casos, con 126 conflictos documentados. Le siguen la extracción de minerales, con 74, y las actividades relacionadas con biomasa y uso de la tierra, con 72.
Estas tres actividades representan los principales focos de tensión identificados en la investigación. Entre las consecuencias más frecuentes aparecen la pérdida de medios de subsistencia, las violaciones a los derechos humanos y el deterioro del vínculo de las comunidades con sus territorios.
La intensidad de los conflictos también revela la dimensión del problema: 164 casos, equivalentes a 40 por ciento, fueron clasificados como de intensidad media, mientras que 127, es decir, 31 por ciento, registraron una intensidad alta.
Las y los investigadores advierten que estas disputas no se limitan al deterioro ambiental. Involucran desigualdades en la distribución de los beneficios económicos, restricciones a la participación comunitaria y decisiones sobre territorios y recursos sin el reconocimiento suficiente de los derechos de sus habitantes.
Uno de los hallazgos es la participación de instituciones financieras que respaldan, directa o indirectamente, proyectos relacionados con estos conflictos. Los investigadores identificaron 149 instituciones financieras vinculadas con 85 de los 401 casos analizados. En los otros 316 no se reportó información sobre las entidades que proporcionaron financiamiento, una limitación importante para dimensionar el alcance de esta relación.
Entre las instituciones que aparecen con mayor frecuencia están el Banco Mundial, mencionado en 16 casos; la Corporación Financiera Internacional (IFC), con cinco; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también con cinco; el Banco Europeo de Inversiones, con cuatro, y la Comisión Europea, igualmente con cuatro.
La investigación encontró que las instituciones financieras con sede en Norteamérica y Europa occidental tienen presencia importante en el financiamiento de proyectos asociados con disputas socioambientales. En particular, identificó 32 instituciones de Norteamérica relacionadas con 42 casos y 25 de Europa occidental vinculadas con 26.
También, señalan una contradicción entre los compromisos públicos de sostenibilidad de algunas entidades financieras y los resultados documentados en los territorios. Aunque existen marcos de protección ambiental y social, así como políticas para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, su aplicación no siempre garantiza que las comunidades participen en las decisiones o que se eviten los daños.
El estudio también identificó 869 corporaciones originarias de 81 países que operaban proyectos relacionados con los 401 conflictos documentados.
Un aspecto relevante es la relación entre el origen de las empresas y los lugares donde desarrollan sus actividades. El 72 por ciento de las corporaciones identificadas tiene su origen en América Latina, África y Asia, mientras que 78 por ciento de los conflictos se localiza en estas mismas regiones.
Sin embargo, las y los investigadores encontraron una dinámica de operaciones internacionales particularmente visible en empresas europeas y norteamericanas que desarrollan proyectos en África.
La producción de energía concentra la mayor cantidad de conflictos relacionados con corporaciones que operan entre continentes: 167 casos, equivalentes a 42 por ciento de los conflictos de ese sector. En la minería se identificó una importante participación internacional, particularmente de empresas norteamericanas con operaciones en América Latina.
Otro resultado relevante es que los conflictos vinculados con corporaciones que operan fuera de sus países de origen tendieron a presentar mayores niveles de intensidad que aquellos relacionados con empresas que desarrollan actividades en sus propios territorios.
No obstante, investigadores aclaran que, al considerar todos los sectores económicos en conjunto, no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el origen nacional o extranjero de las compañías y la intensidad de los conflictos. Las diferencias aparecen al analizar actividades económicas específicas.
La investigación también incluye referencias a pueblos indígenas de América Latina. Entre los grupos identificados en los conflictos relacionados con instituciones financieras figura el pueblo zapoteco de México.
El documento menciona a los pueblos garífuna e isleño de Nicaragua y Honduras, los guaraníes de Brasil y comunidades indígenas de Filipinas y Australia.
En el caso mexicano, la inclusión del pueblo zapoteco permite dimensionar que las disputas por el territorio y los recursos naturales forman parte de una problemática que trasciende las fronteras nacionales.
Las y los investigadores destacan que las comunidades indígenas no solamente enfrentan los efectos de la transformación de sus ecosistemas, sino también dificultades para intervenir en las decisiones sobre el aprovechamiento de sus territorios, tierras y aguas.
Entre las principales propuestas del estudio se encuentra fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones financieras y las corporaciones que respaldan grandes proyectos de desarrollo.
Las y los investigadores plantean que no basta con establecer compromisos voluntarios de responsabilidad ambiental y social: es necesario contar con salvaguardas obligatorias, supervisión independiente y mecanismos efectivos para prevenir afectaciones a las comunidades.
Uno de los principios centrales es el consentimiento libre, previo e informado, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a recibir información suficiente y participar en las decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.
Asimismo, proponen impulsar esquemas de financiamiento que otorguen mayor protagonismo a las propias comunidades indígenas en la conservación de los ecosistemas costeros, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
La investigación concluye que la protección de los océanos y las zonas costeras no puede separarse de los derechos de quienes históricamente han habitado y cuidado estos territorios. El desafío, sostienen sus autores, consiste en transformar los modelos de inversión para que el desarrollo económico no se traduzca en pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades o vulneración de derechos.
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