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PRENSA IBERO
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• Ernesto López Portillo, Coordinador del PSC IBERO, señala que hay 2.5 millones de carpetas rezagadas y dudas sobre el registro de homicidios • Propone un órgano ciudadano e independiente que supervise el desempeño del SNSP y audite cómo se generan, registran y evalúan los datos de seguridad
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

México enfrenta un reto en materia de seguridad. Mientras las autoridades reportan una disminución de los homicidios, persisten cuestionamientos sobre la forma en que se registran las muertes violentas. Al mismo tiempo, las fiscalías acumulan 2.5 millones de carpetas de investigación rezagadas, cinco veces más que hace una década.
Para Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el Estado no cuenta con suficientes mecanismos independientes para saber con certeza qué está ocurriendo, evaluar si sus instituciones funcionan y obligarlas a corregir cuando no lo hacen.
“No hay condiciones suficientes para auditar de forma independiente las metodologías y prácticas con las que se registran los homicidios. La ausencia de controles externos dificulta saber si una reducción estadística refleja una disminución real de la violencia o cambios en la forma de clasificar, investigar y registrar”, apunta.
La preocupación adquiere mayor relevancia cuando en territorios donde persisten desapariciones, masacres y fosas clandestinas, una caída abrupta de los homicidios obliga a preguntar qué sucede en las fiscalías para documentarlos. López Portillo advirtió que la falta de claridad en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) impide construir respuestas eficaces contra la violencia.
López Portillo señala que hay “sesgos o trampas cognitivas” que pueden llevar a aceptar como normal el funcionamiento de estas instituciones que muestran fallas estructurales. Por ejemplo, el “sesgo del statu quo” que asume que el modelo vigente debe conservarse simplemente porque es el modelo conocido.
Otro que menciona es el “sesgo de omisión”, que lleva a concentrarse en los riesgos de cambiar las instituciones, pero no en los costos de mantener un sistema que acumula millones de investigaciones sin resolver. A ello se suma la “justificación del sistema”, mediante la cual las instituciones se racionalizan cuando sus resultados son insuficientes.
Desde esta perspectiva, señala que el debate sobre justicia transicional —mecanismos extraordinarios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para enfrentar violaciones masivas de derechos humanos— adquiere otra dimensión y la pregunta ya no es si deben modificarse las reglas, sino “qué hacer cuando las instituciones ordinarias no tienen capacidad suficiente para responder a la crisis”.

El Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la IBERO apunta que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) nació en 1995 y ha sido reformado en distintos momentos, pero las sucesivas modificaciones legales no han conseguido cerrar la brecha entre lo que establecen las normas y lo que ocurre dentro de las instituciones.
Señala que la propia exposición de motivos de la nueva reforma reconoce debilidades como el déficit de policías, la falta de capacitación y la ausencia de estándares homologados.
El especialista señala que una nueva reforma legal no necesariamente cambia las prácticas institucionales. En su experiencia, documentada durante décadas de trabajo con instituciones policiales, de prevención, procuración de justicia y atención a víctimas, existe un divorcio persistente entre las reglas y su aplicación cotidiana.
Por ello propone agregar a la reforma un Órgano Independiente de Supervisión, Mejora de la Efectividad y Rendición de Cuentas del Secretariado Ejecutivo del SNSP: una instancia externa, especializada y ciudadanizada, con facultades legales para monitorear el desempeño, identificar fallas, promover mejoras y activar consecuencias.
La propuesta busca introducir un contrapeso que hoy considera insuficiente. No sería solamente otro consejo ciudadano, sino un mecanismo con atribuciones legales para evaluar qué hacen las instituciones, cómo lo hacen, qué funciona, qué falla y qué debe modificarse.
Sin ese mecanismo de autocorrección, advierte López Portillo, el riesgo es repetir durante décadas el mismo ciclo: reforma, reorganización, promesas de resultados y, finalmente, una nueva evidencia de que las prácticas permanecieron prácticamente intactas.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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