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PRENSA IBERO
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• El Gobierno Federal continuará evaluando la extracción de gas no convencional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras descartó la Cuenca Tampico-Misantla por considerarla social y ambientalmente inviable • Especialistas de la IBERO analizaron la conflictividad generada por proyectos extractivos en México a partir de la documentación del Observatorio de Conflictos Socioambientales • Se identifican afectaciones ambientales, ruptura del tejido social, desplazamientos y violaciones a derechos humanos vinculadas con el modelo extractivista
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

México avanza en el análisis para recurrir a la extracción de gas natural no convencional como una alternativa para reducir su dependencia energética de Estados Unidos. Ante este escenario, una investigación elaborada por especialistas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México aporta elementos para ampliar la discusión: evaluar este tipo de proyectos no sólo desde su viabilidad energética y económica, sino también desde sus posibles consecuencias sociales, ambientales y territoriales.
Este 6 de agosto, el comité científico convocado por el Gobierno Federal presentó sus primeros resultados sobre soberanía energética y yacimientos de gas natural no convencional. Entre sus recomendaciones se encuentra descartar la explotación en la Cuenca Tampico-Misantla, considerada social y ambientalmente inviable, y continuar evaluando su posible implementación en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El anuncio devuelve relevancia a una investigación realizada desde la IBERO que analiza precisamente las consecuencias que los grandes proyectos de explotación de bienes naturales han generado en diferentes territorios del país.
Se trata del trabajo elaborado por María de los Ángeles Hernández Alvarado, Eugenia Legorreta Maldonado, Andrea Margarita Núñez Chaim, Dulce María Ramos Mora y Diana Sandoval Perevochtchikova. Las especialistas pertenecían, al momento de la publicación, a tres programas de la IBERO: Hernández Alvarado y Núñez Chaim, al Programa de Asuntos Migratorios; Legorreta Maldonado y Sandoval Perevochtchikova, al Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas; y Ramos Mora, al Programa Universitario para la Sustentabilidad.
El trabajo forma parte del libro Alternativas hacia la paz con reconciliación: propuestas desde el Sistema Universitario Jesuita, publicado en 2024, y utiliza como una de sus principales fuentes la documentación generada por el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), proyecto de investigación y documentación para la incidencia de la IBERO.
Esta precisión resulta importante: la investigación no estudia exclusivamente el fracking, sino el modelo extractivista del cual forma parte la explotación intensiva de hidrocarburos.
A partir de la documentación del OCSA, las investigadoras identifican que la expansión de proyectos extractivos en México ha estado acompañada por consecuencias que van mucho más allá de su impacto ecológico.
Entre ellas se encuentran ruptura de tejidos sociales, despojo territorial, desplazamientos poblacionales y daños a economías locales, además de contaminación del agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas.
La investigación también registra dinámicas de violencia relacionadas con conflictos socioambientales: criminalización de la protesta, agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio, judicialización de comunidades y desplazamientos forzados.
El análisis señala, además, una contradicción importante. Los grandes proyectos suelen justificarse mediante promesas de crecimiento económico, empleo y desarrollo regional; sin embargo, la evidencia documentada desde distintos territorios muestra que esos beneficios no necesariamente llegan a las poblaciones directamente afectadas.
El comité convocado por el Gobierno Federal reconoció esta semana que México importa alrededor del 75% del gas natural que consume y que, incluso aumentando la producción convencional, las energías renovables y la eficiencia energética, el país continuaría dependiendo del exterior.
La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que antes de cualquier producción de gas no convencional deberá garantizarse que no se utilice agua dulce destinada al consumo humano o a actividades agrícolas y anunció que deberá existir una consulta pública en las zonas involucradas.
La investigación de la IBERO permite sumar otra dimensión a esa evaluación: qué ocurre con las comunidades cuando un proyecto extractivo llega efectivamente a su territorio.
La información reunida por el OCSA muestra que las afectaciones de este modelo son acumulativas y que las decisiones de las poblaciones directamente involucradas no pueden ser ignoradas.
Así, mientras México estudia si la extracción de gas no convencional puede contribuir a reducir su dependencia energética, la evidencia documentada por la IBERO plantea que la discusión no puede limitarse a cuánto gas puede obtenerse ni a cuánto reducirían las importaciones: también debe preguntarse cuál sería el costo social y ambiental para los territorios donde se pretende extraerlo.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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