PRENSA IBERO
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la IBERO
• En el XXIX Taller de Derecho Internacional, especialistas analizan litigio estratégico y sus implicaciones
• Más de 70% de armas decomisadas en el país provienen de Estados Unidos
• El caso es “un laboratorio vivo” para estudiantes de Derecho Internacional sobre cómo los estados pueden innovar jurídicamente ante fenómenos trasnacionales, señala especialista
En el marco del XXIX Taller de Derecho Internacional de la Universidad Iberoamericana, especialistas analizaron el litigio que el Estado mexicano impulsa en cortes de Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas, en un intento por frenar el tráfico ilícito que alimenta la violencia en el país.
En la apertura del diálogo, la Lic. Martha A. Álvarez Rendón, moderadora del panel, subrayó el alcance formativo del caso para la comunidad universitaria. “Para quienes estudiamos Derecho Internacional, es un laboratorio vivo sobre cómo los Estados pueden innovar jurídicamente frente a fenómenos transnacionales”, afirmó.
Durante el panel “Responsabilidad internacional de la industria armamentista: el litigio de México y los retos jurídicos de un nuevo paradigma”, el Mtro. Miguel Ángel Reyes Moncayo, integrante del Servicio Exterior Mexicano, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y parte del equipo legal mexicano que combate el tráfico ilícito de armas, explicó que más del 70% de las armas decomisadas en México y rastreadas por autoridades provienen de Estados Unidos.
“Se calcula que hasta medio millón de armas ingresan ilegalmente cada año desde ese país”, advirtió.
Un enfoque novedoso
A diferencia de estrategias tradicionales centradas en perseguir penalmente a traficantes o a quienes detonan las armas, México optó por una vía civil: demandar a fabricantes y puntos de venta por prácticas comerciales negligentes.
El litigio presentado en Boston en 2021 buscó acreditar que algunas empresas conocían el destino ilícito de sus productos y, aun así, los diseñaban y comercializaban sin controles suficientes. Aunque la Suprema Corte estadounidense reconoció el contexto de violencia en México, determinó que** las compañías gozan de inmunidad** bajo la legislación vigente.
Sin embargo, una segunda demanda contra cinco tiendas en Arizona continúa avanzando. En ese caso, un tribunal consideró que existen elementos suficientes para analizar si hubo omisiones ante señales de alerta, como compras masivas en efectivo o adquisición reiterada de armamento de alto calibre.
Impacto social y derechos humanos
La Dra. Cecilia Farfán, especialista en seguridad y crimen organizado, subrayó que el litigio ha permitido documentar el impacto social del tráfico de armas.
“En seguridad, la percepción también construye realidad”, sostuvo.
De acuerdo con encuestas nacionales, 74% de la población considera que los grupos delictivos tienen más y mejores armas que las fuerzas del Estado. Además, 18% de las personas reporta observar individuos armados en su colonia al menos una vez por semana.
Farfán destacó que México ha llevado el tema a foros multilaterales, como la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, donde logró vincular el tráfico de armas con el de drogas, y ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre la responsabilidad de actores privados en violaciones a derechos humanos.
Un debate que rebasa lo jurídico
Las y los ponentes coincidieron en que el litigio no sustituye el trabajo aduanero o de seguridad interna, pero sí abre un nuevo paradigma de corresponsabilidad internacional.
“El objetivo final es reducir la violencia armada que vive el país”, concluyó Reyes Moncayo.
El taller, realizado en el Auditorio José Sánchez Villaseñor y organizado por el Departamento de Derecho de la IBERO, el de Estudios Internacionales y la SRE, reunió a comunidad estudiantil y académica para reflexionar sobre los desafíos del derecho internacional en tiempos de tensiones geopolíticas y nuevas formas de responsabilidad transnacional.