Alimentos ultraprocesados: baratos para tu cartera, pero asociados a enfermedades que podrían costarle a México 5.3% de su PIB, advierten expertos IBERO

Así lo exponen el Dr. Pablo Gaitán Rossi, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y el Dr. Mauricio Hernández-Solano, académico investigador del mismo instituto, en un análisis elaborado en colaboración con Abril Campos, especialista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

A propósito del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, las y los especialistas plantean que México enfrenta un desafío que rebasa las decisiones individuales sobre qué comer: transformar la manera en que se producen, distribuyen, comercializan y consumen los alimentos.

Lo que ahorramos al comprar alimentos puede terminar costándonos en salud

Uno de los problemas centrales del sistema alimentario es que el precio de los productos no necesariamente refleja todos los costos que generan para la sociedad.

Los especialistas del Equide explican que estos efectos pueden entenderse mediante el concepto económico de externalidades: situaciones en las que una actividad genera consecuencias cuyos costos no son asumidos completamente por quienes participan en ella.

En materia alimentaria, esto significa que los efectos sanitarios de patrones de consumo poco saludables pueden traducirse en gastos médicos financiados por el sistema público, pérdida de productividad y una mayor presión sobre los recursos de las familias.

El fenómeno adquiere particular relevancia en México, donde más de siete de cada diez personas adultas viven con sobrepeso u obesidad.

Además, según las estadísticas de defunciones registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las enfermedades cardiovasculares y la diabetes fueron las dos principales causas de muerte en 2024 y, en conjunto, representaron más de una tercera parte de los fallecimientos registrados en el país.

Aunque estas enfermedades tienen múltiples factores de riesgo y no pueden atribuirse exclusivamente a la alimentación, los patrones dietéticos poco saludables constituyen un componente importante de su prevención.

Desde esta perspectiva, los investigadores señalan que el costo de ciertos alimentos no puede medirse únicamente por el dinero que se entrega en la caja del supermercado.

Las políticas de etiquetado frontal, por ejemplo, ayudan a corregir otro problema económico identificado por los especialistas: las asimetrías de información, que se presentan cuando las personas consumidoras no cuentan con información suficiente para conocer las características y riesgos de aquello que compran.

¿Por qué los alimentos menos saludables pueden resultar más baratos?

El problema también tiene una dimensión comercial.

En su análisis, el Dr. Pablo Gaitán Rossi, el Dr. Mauricio Hernández-Solano y Abril Campos recuperan un estudio publicado en el Journal of International Economics, según el cual la exposición a importaciones alimentarias podría explicar hasta 20% del incremento de la obesidad en mujeres mexicanas entre 1988 y 2012.

La investigación apunta a que los cambios en los precios relativos de los alimentos, vinculados con la apertura comercial, pueden modificar los hábitos de consumo y contribuir a transformaciones importantes en la salud de la población.

Esto no significa que todos los productos importados sean perjudiciales ni que todos los alimentos económicos sean poco saludables.

Lo que evidencia es que las condiciones económicas que determinan cuáles alimentos son accesibles pueden influir en las decisiones de consumo de millones de personas.

Por ello, reducir el problema a una supuesta falta de voluntad individual para alimentarse mejor resulta insuficiente: las familias toman decisiones dentro de un entorno condicionado por los precios, la disponibilidad de productos, sus ingresos y el acceso a alternativas saludables.

La discusión cobra relevancia ante las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues decisiones comerciales relacionadas con el etiquetado, el maíz y las compras públicas también pueden tener consecuencias para las políticas nacionales de alimentación.

Los especialistas plantean que las decisiones comerciales deben evaluarse considerando no solamente sus beneficios económicos inmediatos, sino también sus posibles costos sanitarios.

México tiene una ley para garantizar una alimentación adecuada, pero todavía enfrenta obstáculos para aplicarla

Para el Director del Equide y el académico investigador de la IBERO, la transformación del sistema alimentario también requiere pasar de los compromisos legales a mecanismos concretos de implementación.

México cuenta con la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), reconocida por su alcance en la protección del derecho a la alimentación.

Sin embargo, señalan que su reglamento continúa pendiente, pese a que la legislación estableció un plazo de 180 días naturales para su expedición.

Esta ausencia dificulta definir con precisión las responsabilidades de las instituciones, los mecanismos de supervisión y los recursos necesarios para ejecutar distintas disposiciones.

Entre las tareas pendientes se encuentra la instalación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), así como la definición de reglas para las compras públicas de alimentos.

Estos instrumentos podrían contribuir a que programas de alimentación, incluidos los escolares, cuenten con criterios comunes para adquirir productos frescos y favorecer la participación de pequeños productores.

En este sentido, no basta con recomendar a la población que coma mejor si las políticas públicas no contribuyen a garantizar que los alimentos saludables sean accesibles.

Las reflexiones de los investigadores se nutren de los trabajos del Segundo Simposio Internacional sobre la Transformación de Sistemas Alimentarios en México, realizado el 3 y 4 de septiembre de 2026 y organizado conjuntamente por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Tecnológico de Monterrey.

El encuentro reunió a 82 participantes de 38 instituciones, entre integrantes de la academia, servidores públicos, organizaciones civiles y representantes del Poder Legislativo.

Durante las discusiones se abordaron los desafíos relacionados con la legislación alimentaria, la producción agrícola, el acceso a alimentos frescos, la salud pública y las implicaciones de los acuerdos comerciales.

También se compartieron experiencias de comunidades escolares que han desarrollado huertos y proyectos de educación alimentaria, así como herramientas para dar seguimiento a los sistemas alimentarios a escala municipal.