A 20 años, víctimas siguen exigiendo justicia por Atenco: "Fue una forma de castigo dirigida a las mujeres"

• Centro Prodh y comunidad IBERO acompañan exigencias de justicia desde el inicio del caso
• Edith Rosales advierte que protocolos de género en policías existen en papel, pero no se cumplen

A dos décadas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, y durante un conversatorio llevado a cabo en la Universidad Iberoamericana, Edith Rosales, en representación de sus compañeras sobrevivientes, refrendó su exigencia de justicia por las vejaciones y la tortura sexual de la que fueron víctimas por parte de policías federales, estatales (del Estado de México) y municipales, y advirtió que cuando la violencia proviene del Estado, el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de castigo.

Desde hace 20 años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Compañía de Jesús, ha acompañado a las y los sobrevivientes de Atenco en su búsqueda de justicia. A ese respaldo se ha sumado la Universidad Iberoamericana, cuyo rector, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., ha caminado junto a las víctimas en distintos momentos del proceso. La memoria institucional también remite a un episodio clave: el 11 de mayo de 2012, cuando estudiantes de la IBERO confrontaron en este campus al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien como gobernador del Estado de México ordenó el operativo en Atenco y defendió su actuación como un “uso legítimo de la fuerza”. Aquella protesta detonó el movimiento #YoSoy132, que puso en el centro el cuestionamiento al poder y la exigencia de rendición de cuentas.

En el ámbito internacional, el caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el Estado mexicano fue condenado por las violaciones cometidas. A esas audiencias acudió Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, como parte del seguimiento académico y social a uno de los casos más emblemáticos de abuso policial en México. López Portillo también participó en el conversatorio con Edith Rosales, y lamentó que casos como el analizado marcan un paradigma de injusticia que se agrava cuando se considera que quienes realizaron las agresiones fueron autoridades.

Pese a la sentencia de la CIDH, se recordó en el evento, la justicia no ha llegado.

Para la Mtra. María Luisa Aguilar, actual Directora del Centro Prodh, son importantes este tipo de eventos en los que se repudian la violencia, sobre todo cuando los agresores se ensañan con sus víctimas por motivos de género. Además, recordó la experta, muchas y muchos de nuestros estudiantes eran muy pequeños o no habían nacido aún cuando se presentaron estos hechos, y vale la pena involucrarles en la construcción de memoria para alcanzar la no repetición.

Edith Rosales reconstruyó la violencia y afirmó: “Lo que vivimos no fue un exceso aislado. Fue una forma de castigo dirigida a las mujeres”.

Durante los traslados y detenciones, recuerda, los insultos no eran neutros: estaban cargados de desprecio y dominio. Frases como “a estas viejas nos las vamos a echar” no eran amenazas al aire, sino antesala de lo que vendría.

Edith narra cómo mujeres policías participaron en el circuito de violencia, no como contención, sino como parte del mecanismo: amenazas, intimidación y, en su caso, la entrega a elementos varones que perpetraron agresiones sexuales.

La violencia no terminó ahí. En los espacios de detención, hombres y mujeres fueron golpeados de forma sistemática. “Nos azotaban contra la pared una y otra vez”, recuerda, y señala que incluso paredes blancas de una habitación en la que se les retuvo terminó completamente teñida de sangre. A ello se sumó la negación de atención médica digna. Las revisiones, cuando ocurrían, estaban condicionadas. “Nos pedían desnudarnos. No era atención, era otra forma de control”, señaló.

Violencia estructural, no errores individuales

Para Edith Rosales, el caso Atenco desmonta el discurso oficial que insiste en presentar estos hechos como excesos aislados.

“Hablan de capacitación, de protocolos, de perspectiva de género. Todo está escrito. Pero en la práctica no existe”, sostuvo. Su crítica apunta a un problema estructural: la falta de supervisión real, de sanción efectiva y de transformación institucional. Sin estos elementos, advierte, la violencia se reproduce.

El caso Atenco es hoy una referencia obligada para entender la violencia de género en contextos de represión estatal. No se trató sólo de detener o dispersar: se trató de enviar un mensaje. Un mensaje que utilizó el cuerpo de las mujeres como vehículo de castigo, humillación y control y que a 20 años sigue sin ser desmontado del todo. Y es que, aseguró Edith, la represión, no a tal escala como la de Atenco, se sigue dando en protestas de mujeres.

En el conversatorio también participaron la defensora de Derechos Humanos Karina Fernández; Claudia Martin, experta de la American University Washington College of Law; Luis Tapia, abogado defensor y docente del Sistema Universitario Jesuita (SUJ); y Gisela de León, del Center for Justice and International Law, quienes lamentaron que pese a la sentencia de la CIDH, la justicia siga sin llegar a las y los afectados. Karina Fernández, además, agregó que las agresiones sexuales en el caso Atenco (que también se dieron contra algunos hombres, recuerda Edith Rosales), da muestra de cómo los actos de represión suelen ser más crueles contra las mujeres por la molestia que causa su presencia en el espacio público.